Varios legisladores y parte del macrismo consideran que los problemas del tránsito y el índice de siniestralidad se solucionan mágicamente con modificar y hacer más rígidas las normas. Lamentablemente, el tránsito es una cuestión sociocultural y el problema más grave es que los argentinos no respetamos las leyes y no tememos a la sanciones.
No sirve de nada concientizar a la gente acerca de que si comete una infracción, será multado (sobre todo si se sabe que los controles no son suficientes y cuando existen los anuncian con bombos y platillos con móviles de TV en vivo, cosa de que los posibles infractores estén bien alertados por dónde no pasar). El trabajo en seguridad vial es arduo, lento y lo que todos los actores del tránsito deben entender es que si no se transita con respeto y cuidado -sea uno particular, peatón o chofer profesional- se muere gente: en 2010 fallecieron 96 personas en siniestros viales en la Ciudad de Buenos Aires.
De modo reactivo, la estupidez que proponen legisladores del PRO y el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño es bajar las velocidades máximas: de 60 a 50 km/h en avenidas, de 40 a 30 en calles y de 100 a 80 en autopistas. Ya hace unos meses habían enviado un proyecto de ley para reducir la velocidad de los colectivos. Otro sin razón que va totalmente en contra de las políticas de generar carriles preferenciales -como el que se inaugurará próximamente en la Av.Santa Fe- para agilizar el transporte público en conjunto las restricciones para ingresar al Centro con coches particulares para que los vecinos se vuelquen a utilizar colectivo, subte o el Metrobus (¿o para qué lo están haciendo?).
Dejemos en claro algo: el exceso de velocidad es ilegal y peligroso y los límites impuestos no son caprichosos. Si se respetaran las velocidades permitidas, las consecuencias de las colisiones serían menos graves. En la mayor parte de los choques la velocidad es un agravante que no permite la reacción precisa por falta de tiempo (el tiempo mínimo de reacción de un conductor es de 1 segundo, unos 16 metros a 60 km/h), pero el origen de los siniestros es el no apego a las normas -por ejemplo, no señalar un simple cambio de carril-, la desatención -hablar por celular al volante- y una conducción agresiva -no dejar distancia de frenado o no reducir la velocidad en las esquinas y giros-, sumado al libertinaje y negligencia que creen tener los peatones de cruzar por cualquier lado (42 de los muertos rn 2010 fueron personas arrolladas).
Si bien es cierto que existe una tendencia en Europa de reducir la velocidad máxima en ciertas zonas, allí se puede hacer porque están mucho más avanzados en el respeto al tránsito y además los fines no tienen que ver con reducir siniestralidad, sino con argumentos ecologistas.
Cambiar las reglas del juego y hasta diferenciarse de lo que plantea la Ley Nacional de Tránsito para todo el país, sólo puede traer más confusión y parece tener tan sólo un fin recaudatorio, teniendo en cuenta que el sistema de fotomultas en la Ciudad está licitado a una empresa que gana en relación a las multas labradas y es lógico que de existir un mayor respeto se vuelve menos rentable y de ahí que desde hace algunos meses el flash dispara casi sin permitir margen de error.
Por último, me gustó mucho la foto con la que ilustró el diario Clarín la nota exclusiva adelanto sobre las medidas impulsadas desde el seno del ejecutivo macrista: en primer plano una «bolita» fiat 600 y detrás estacionado un querido volskwagen «milqui», dos autos con más de 30 años que denotan el vetusto parque automotor y la deuda más grandes que tiene la Ciudad con la Seguridad Vial, la aún no reglamentada Revisión Técnica Obligatoria o VTV Porteña.
Es triste y vergonzoso ver cómo actúan algunos políticos con respecto a un mal endémico que mata casi en silencio sin diferenciar situación social o económica.
