Dirigentes de La Libertad Avanza denunciaron al intendente de Dolores Juan Pablo García por pretender ceder a un privado facultades exclusivas del Estado bonaerense.
De acuerdo con el pliego de licitación que lanzó el municipio para el sistema de fotomultas, que incluyen las ubicadas sobre la Ruta 2, el servicio a adjudicar contempla no sólo la captura digital y procesamiento, sino que entrega al privado la validación legal de presunciones de infracción y el juzgamiento de las actas. Incluso se habilita la implementación de «Sentencias Automáticas» para aquellos infractores que no efectúen el pago voluntario o un descargo.
Según señala el Ministerio de Transporte Bonaerense, esto se contrapone a una ley provincial que especfica que la constatación de faltas son indelegables, prohibiendo su privatización o concesión. Asimismo, la normativa exige que el personal que opere los equipos o elabore las actas posea el carácter de funcionario público, y restringe el juzgamiento de las faltas a la Justicia de Faltas Municipal, excluyendo cualquier mecanismo automatizado o privado de emisión de sentencias.
Cómo se labran las Fotomultas
Por supuesto que no es nuevo que haya empresas que brinden el servicio de instalar y operar las cámaras que captan los excesos de velocidad. Sin embargo, la foto y datos del dominio son una presunción de infracción hasta que pasa a la instancia de verificación por parte de la autoridad competente.
Así venía trabajando el Municipio de Dolores con Cecaitra, quien fue la entidad encargada de proveer parte del servicio de tránsito tras haber ganado una licitación por cuatro años. Sin embargo, luego de casi dos años, la gestión de García rescindió el contrato y contrató de manera directa a Secutrans.
Dado que el municipio no puede realizar una contratación directa de este tipo, el jefe comunal busca avanzar con una licitación que mantendría a su favorito, ya que excluye a empresas prestadoras de servicios de seguridad vial que utilicen tecnología de terceros, aunque esté debidamente homologada.
