Ya estamos viviendo la «Década de la Seguridad Vial», una iniciativa de la ONU para reducir en 10 años las víctimas fatales en siniestros viales que se calculan en 1,3 millones por año en todo el mundo. Pero los siniestros se reducen con educación, control y sanción, no haciendo cosmética legal. Modificar una ley desde un despacho, sin analizar técnicamente sus resultados no sirve de nada.
Ayer fue sancionada en la Legislatura porteña la una ley que modifica para los colectivos -que protagonizaron un 30% de los hechos con fallecidos en 2010- la velocidad máxima, que bajará de 80 km/h a 60 km/h en las autopistas y avenidas rápidas, como Cantilo o Lugones, y de 60 km/h a 50 km/h para las avenidas comunes. En tanto, los micros escolares no podrán andar a más de 60 km/h en autopistas (su tope era 70 km/h) y seguirán los 45 km/h para las avenidas. La medida, impulsada por la diputada del PRO Raquel Herrero (autora de otras leyes relacionadas con el tránsito, algunas muy buenas como la estipulación de falta gravísima para el exceso de velocidad por encima de los 140 km/h), podría entrar en vigencia en 30 días, luego de que el Ejecutivo la promulgue y se publique en el Boletín Oficial. Según la legisladora, la gente le pedía en la calle para obligar a los colectivos a bajar la velocidad, y considera que «siempre hay tiempo para mejorar, pero por algo había que empezar».
Por su parte, las empresas de colectivos dicen que nada cambiará y ven la medida como inútil, ya que es muy difícil que una unidad pueda ni siquiera alcanzar las velocidades máximas en medio del caos de tránsito que es la Ciudad. Aseguran que el cambio no afectará los tiempos de recorrido porque la velocidad comercial (la velocidad promedio de entre 40 y 35 km/h con la que se calculan las frecuencias) es cada vez menor. Y remarcaron que las empresas de transporte urbano sancionan a los choferes que llegan antes a la terminal y no aquellos que son víctimas de los retrasos del tránsito.
Desde el Cesvi, señalan que no existieron análisis técnicos por parte del gobierno porteño para implementar esta reducción parcial de la velocidad. Y consideran que si bien en sus estadísticas sobre siniestros en ruta la alta velocidad se encuentra como una variable importante, no hay pruebas que señalen que el exceso de velocidad sea el factor preponderante en siniestros ocurridos en la Ciudad. De hecho, recuerdan que muchos de los siniestros con víctimas fatales atropelladas por colectivos se dieron en giros en esquina, a menos de 30 km/h. El jefe de seguridad vial, Hernán De Jorge, consideró que la infraestructura es la adecuada para las velocidad estipuladas actualmente y que sólo una descenso de las velocidades máximas generalizada podría dar un resultado positivo en una menor cantidad de colisiones, como señalan experiencias en España y Francias donde la reducción de 10 km/h para todos los vehículos, incluyendo los particulares, significó un 17% menos de siniestros viales. En cabio, como solución a los posibles excesos de velocidad del transporte público proponen instalar limitadores de velocidad que no permitan que las unidades superen los actuales 80 y 60 km/h (con uno de los tantos GPS que tienen instalados las unidades se soluciona el tema de las diferencias de máximas entre calles, avenidas y autopistas).
Lo cierto es que un conductor irresponsable (profesional o particular) ya (mal) educado, no cambia su accionar, mientras no sea reprendido y para eso hacen falta estrictos controles.
Sigue siendo inentendible cómo la misma administración que hace un trabajo serio con el Plan de Movilidad Sustentable apostando al transporte público, creando carriles exclusivos, instaurando contracarriles en avenidas, trasladando a los colectivos a las avenidas para que justamente circulen con mayor fluidez y velocidad, propone pavadas como esta. Pierden seriedad.
