En el inicio de la denominación “compensación tarifaria” al transporte público en el año 2002, el objetivo fue no aumentar el costo del boleto para los usuarios. Entonces el Estado compensaba a las Empresas ante la reducción en la recaudación por boleto.
Es cierto que al principio fueron muy desprolija la distribución y esto colaboró para que nacieran poderosos grupos empresarios en el Transporte, que aprovecharon al máximo la guita fácil del Estado.
Durante la gestión de Florencio Randazzo en Transporte con la implementación de la SUBE, que es mucho más que un sistema de pago, se ordenó la entrega de subsidios, cambiando el criterio de oferta por demanda. Pero los costos de la operación siguieron en alza, mientras que el valor del boleto quedó freezado. Así los subsidios se incrementaron hasta superar hoy el 70% del costo de operación. Es decir, que lo que paga el pasajero es mínimo, frente a lo que sale mantener un sistema privado, pero que opera con dinero público.
En esta época electoral, en la que se escuchan promesas (y amenazas como «Chau SUBE») de una forma un tanto liviana por parte de los candidatos, el ministro de economía Sergio Massa se manifestó respecto a la tarjeta SUBE, que «quisiera ponerle la guita en el celular» a los ciudadanos que lo precisen.
Las cámaras que reúnen a los dueños de las diferentes líneas de colectivos del AMBA señalan en línea con las declaraciones del candidato a presidente, que el sector empresario nunca se opuso a la asignación del subsidio de forma directa a los usuarios.
Una posibilidad es que el Estado podría acreditar el dinero del subsidio directamente en la cuenta SUBE, con cada recarga y el usuario pagaría la tarifa completa a bordo del bondi. Esto se debería hacer a través de una Tarjeta SUBE nominada, como tienen hoy jubilados, beneficiarios de planes y personal de limpieza, que al estar identificada cuando se apoya en la lectora, abonan la Tarifa Social, que es un 55% más barata.
Por ejemplo, hoy un chica que trabaja limpiando casas (y está registrada en blanco) que hace un viaje de entre 3 y 6 km, cuya tarifa normal al pasajero es de $59, se le debita sólo $26.55 de su tarjeta SUBE gracias a la Tarifa Social (que se vinculó previamente a través de la página de ANSES con el PIN SUBE).
En el esquema futuro, esta misma trabajadora o jubilado debería tener como crédito en la SUBE los $59 de la actual de tarifa sin descuento, más la compensación para ese boleto, que paga el Gobierno. Sin embargo a ese monto total, que se estima sería cercano a los $240, se llegaría cargando sólo $26.55 y la diferencia de más de $270 pesos seria un extra «gratis» que el Gobierno le sumaría a la tarjeta como subsidio.
Con subsidio, pero también con aumento
Claro, porque no todos accederían a los subsidios y habría una parte de la población que comenzaría a pagar el costo real del transporte, sin la ayuda del Estado.
Y esto beneficiaría completamente a las Empresas de Transporte que volverían a operar por la recaudación de boleto, sin tener que esperar los giros millonarios por parte del Gobierno, que también reduciría drásticamente los montos de las compensaciones, porque habría menos pasajeros subsidiados.
Según AAETA – Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor– esta iniciativa permitiría transparentar el sistema. Cada Empresa recibe cada 24 horas, a través del Banco Nación, lo recaudado por boleto. Es decir, que la operatoria diaria de los colectivos, se haría con dinero fresco de los pasajeros pagado por el servicio prestado el día anterior, sin tener que depender directamente del Estado. Allí es donde realmente, las distintas líneas de colectivos deberán demostrar su eficiencia en la administración de recursos y las discusiones con el Gobierno quedarían únicamente en buscar un punto de equilibrio en el precio del boleto.
¿Cuánto costaría el boleto sin subsidio?
La cuenta incluso es muy compleja hoy porque a las diferentes tarifas de boletos, hay que aplicar los descuentos por la Red Sube y los beneficios de la tarifa social.
Según AAETA, el ingreso promedio por boleto (sin IVA) durante Julio fue de sólo $37.42 (inlcuso por debajo del mínimo, por los descuentos). La compensación del Estado por cada pasajero transportado fue de $237 pesos. Sin embargo, acorde a que los valores para la compensación se calculan según un estimado de costos de operación, en el que difieren Gobierno y Empresas, los empresarios aseguran que el Costo Real del boleto se ubicó en $364.14. Lo que significó una pérdida de casi 90 pesos por pasajero.
Lo que está ocurriendo con la actual situación es que los empresarios están en un severo proceso de descapitalización. Por ejemplo, se utiliza el dinero que debiera destinarse a la renovación de unidades a solventar los costos operativos diarios: compra de combustible, mantenimiento de unidades (más viejas, más se rompen). Incluso, muchas veces sin poder llegar a prestar los servicios con normalidad, y esto es lo que se siente con la escasísima frecuencia por la noche o durante los fines de semana.
