Informan que, debido al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de reconocimiento de ese incremento por parte de las autoridades, se verán obligadas a reducir la frecuencia de los servicios a partir del miércoles 1° de abril de 2026.
Según el comunicado, la decisión responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos vigentes. Además, señalaron que no hubo respuesta a los reclamos formulados previamente ante las autoridades.
El documento está firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).
Las entidades también indicaron que la operación del sistema se encuentra en “serio riesgo” y solicitaron medidas urgentes que permitan garantizar la normal prestación del servicio.
Los Empresarios piden comprensión a los usuarios , pero la nueva amenaza llega en un contexto donde, en gran parte del conurbano bonaerense, la frecuencia real de los colectivos ya se encuentra por debajo de lo esperado, especialmente durante la noche y los fines de semana.
¿La afectación es real?
Hay un dato relevante: AAETA no figura entre las firmantes del comunicado, y se estima que las líneas pertenecientes al grupo Metropol estarían prestando el servicio de manera normal. 
Por su parte, la Secretaría de Transporte indicó que todas las líneas se encuentran en servicio, sin interrupciones totales. En cuanto a la cantidad de unidades, detalló que están circulando 6.012 vehículos, frente a un promedio de 6.712 unidades en un día normal, lo que ubica al sistema en torno al 90% de operación.
Habría sólo tres líneas operan por debajo del 80%, y ninguna lo hace con menos del 50% de sus unidades en la calle. Desde el área oficial remarcaron que se estarán realizando controles durante toda la jornada y advirtieron que se aplicarán multas y sanciones en caso de incumplimientos en los servicios programados.
La discusión vuelve a centrarse en los costos del sistema, mientras que la calidad de la prestación aparece nuevamente como una variable en segundo plano.
