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Luces diurnas en Córdoba: la injusticia que robó por 8 años

La Caminera Cordobesa abusó de los turistas ante el desconocimiento de la ley provincial

Último día del año y cuando todo el mundo se prepara para el brindis salió publicado en el boletín oficial de la provincia de Córdoba la reciente actualización de la normativa vial.

No es solo un cambio técnico: es el cierre de una etapa de multas ilógicas que durante ocho años castigaron a miles de turistas que circulaban correctamente según la Ley Nacional de Tránsito.

Desde diciembre de 2017, la Argentina reconoce de manera expresa el uso de luces diurnas de circulación (DRL) como equivalentes a la luz baja para circular de día por rutas nacionales. Sin embargo, Córdoba decidió mirar para otro lado durante casi una década.

Multas que nunca debieron existir

La Policía Caminera de Córdoba continuó multando a conductores —en su enorme mayoría turistas— que circulaban con vehículos modernos, homologados y configurados de fábrica.

 

No se trató de una zona gris: la ley nacional ya estaba vigente pero no tiene jurisdicción propia de aplicación. Cada una de las Provincias debía adherir a la modificar con una normativa local.

Pese a que los autos cumplían con normas internacionales y las DRL eran visibles, automáticas y reglamentadas, la falta de adhesión provincial convirtió el control vial en una caja recaudatoria, con sanciones aplicadas a conductores que no ponían en riesgo a nadie y que, en muchos casos, se enteraban de la supuesta infracción al costado de la ruta, lejos de su provincia de origen.

Fin de una era de abuso recaudatorio

La situación cambió con la Ley Provincial 11.096, promulgada el 31 de diciembre de 2025, que modificó la Ley de Tránsito provincial y reconoció formalmente el uso de DRL en reemplazo de la luz baja durante el día.

La norma adecua la legislación cordobesa a la ley nacional vigente desde 2017. Reconoce una realidad tecnológica que el resto del país ya asumía. Pone fin a una interpretación discrecional que perjudicó al turismo.

Es positivo que Córdoba haya actualizado su marco legal porque aporta previsibilidad y coherencia normativa.

Durante ocho años, miles de viajeros fueron multados sin lógica vial ni respaldo normativo nacional, en una provincia que eligió no adherir y trasladar el costo de esa decisión a quienes circulaban de buena fe.

La seguridad vial no se construye con trampas reglamentarias ni con turistas como blanco fácil.

La actualización normativa debe acompañar a la tecnología, no perseguirla. Finalmente, las DRL están habilitadas en Córdoba. Ocho años tarde, pero llegaron.